La Defensoría Pública vuelve a sacudir el sistema penitenciario con su revelación de que unos 1,700 presos preventivos siguen tras las rejas a pesar de cumplir la pena que se les impuso.

La deplorable situación, que no es la única que sufren los llamados privados de libertad, refleja las debilidades, en el mejor de los casos, del régimen carcelario.

Porque además de no ser excarcelados ni enjuiciados tras cumplir la pena impuesta por el Tribunal de Atención Permanente, también padecen las vicisitudes para ser trasladados a los tribunales y devueltos a las prisiones.

La Defensoría Pública declaró que de 2,068 reclusos que asiste, 1,700 han debido estar en libertad al cumplir el tiempo impuesto por los tribunales.

La entidad deploró que en ocasiones tribunales sustituyan por fianza el cese de la prisión preventiva, fijando unos montos que los prevenidos no pueden pagar por tratarse de personas de escasos recursos económicos.

Ante la evidente inoperancia de la Dirección de Prisiones, la Procuraduría General de la República debe tomar carta en el vía crucis que padecen los reclusos preventivos. Más cuando la prisión preventiva es de por sí un problema.