Chu Vázquez Martínez y el general Eduardo Alberto Then lamentaron la muerte en Santiago del niño Donaly Martínez. Chu declaró que se encuentran capacitando 36 mil agentes que integran la policía de este país y que la “reforma policial” no marcha con lentitud. Then les dio el pésame a sus familiares y aseguró que el crimen “sería castigado”.

Estos lamentos se parecen a aquello de los capos sicilianos que asisten a funerales de sus víctimas. Lágrimas de cocodrilos de dos jefes de una PN criminal: uno civil de reciente data y otro militar, más ducho en esos menesteres; uno ministro de Interior y Policía y otro director en jefe de la PN, ambos nombrados por Luis Abinader y bendecidos por USAID y su “Sociedad Civil”.

Cierto que no hay lentitud en la reforma porque no hay tal reforma. Solo un intento de maquillar un engendro ya impresentable, desacreditado y podrido. Tan podrido y contaminante que el cabo que mató a Donaly es de los recién egresados de los cursos diseñados para la capacitación de los 36 mil miembros de la PN referida por Chu.

La sanción prometida por Then es solo para castigar a ese pichón “capacitado” por sus jefes y otros acusables de caerle a tiros a unas bocinas de carnaval. La idea es romper la soga por lo más flaco, que generalmente no es lo más podrido.

Resulta que la criminalidad policial, no es cuestión de un raso, cabos o sargentos. Es cosa de subcultura. Es estructural y tiene origen en una cúpula mafiosa conectada a un poder nacional y transnacional gansteril, que instrumentaliza sus eslabones intermedios y sus bases, haciendo uso de funciones jerarquizadas y del orden y mando.

Imagínense ustedes una “reforma” financiada y auspiciada por USAID (órgano del Departamento de Estado controlado por la CIA) y bajo tutela e instrucción guiadas por EE. UU. y a cargo de policías asesinas y subordinadas como las de Colombia y Chile. Una reestructuración aplicada, además, a un cuerpo de larga trayectoria represiva, creado y desarrollado en un caldo de cultivo corrompido, infectado y contaminante. En consecuencia degradado moralmente, asociado a todo tipo de delincuencia e integrado a un Estado delincuente con un fuerte componente de narcocorrupción.

Disolver esa policía y fundar otra diametralmente diferente: civil, preventiva, bajo control social democrático, formada en altos valores éticos-morales y con una relación de hermandad con su pueblo… es el único remedio.

Pero es claro que ese remedio exige a la vez cambiarlo todo, refundar el Estado y sus instituciones sobre nuevas bases constitucionales y rescatando a plenitud la soberanía.