El Gobierno presentó ayer su proyecto de reforma fiscal con el cual procura recaudar unos 110 mil millones de pesos, (1.5 % del PIB), con ingresos adicionales que serían aportados por una ofensiva oficial contra la evasión y elusión fiscal, que sería abordada como un crimen de Estado.
La Plaza de la Bandera se ha convertido en un respiradero social, escenario donde se escenifican concentraciones ciudadanas para expresar su objeción o desaliento ante acciones o inaniciones del Gobierno o del Estado, por cuanto ese lugar es un espacio idóneo para ejercer la democracia y las libertades públicas.
El presidente Luis Abinader anunciará mañana el contenido del proyecto de reforma fiscal, del que se adelanta crearía un tributo único a las Pymes, reduciría incentivos hoteleros, eliminaría la exención a las compras por internet y ampliaría la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itebis), entre otras disposiciones tributarias. […]
El expediente contra Hugo Beras Goico, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte (Intrant), José Ángel Gómez Canaán (Jochi), representante de la empresa Transcore Latam y otras cinco personas, se erige como uno de los más complicados de los instrumentados por el Ministerio Público porque además de corrupción, fraude y coalición de funcionarios, incluye la imputación de sabotaje.
En una sesión delConsejo de Seguridad y Defensa Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, se acordó poner en práctica siete iniciativas tendentes a afrontar la inmigración ilegal, que incluye el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo, con despliegue de más personal y equipo en la zona fronteriza.
Con el lanzamiento ayer por Irán de casi 200 misiles balísticos sobre Israel crece el temor de que se desate una guerra regional total en Oriente Medio que ya involucra al Estado judío, Teherán, Franja de Gaza, Siria, Yemen y el Líbano, con la intervención indirecta de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
El presidente Luis Abinader “ordenó” la apertura de las investigaciones sobre la muerte de la joven Paula Santana Escalante, quien fue secuestrada, violada, asesinada y su cuerpo encontrado el 21 de febrero pasado dentro de un alcantarillado próximo a la empresa de la zona franca Las Américas, donde laboraba.
Razón tiene de sobra el mandatario al afirmar que a estas alturas es inaceptable que algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas de depositar los recursos requeridos para lograr el despliegue de las fuerzas militares para alcanzar los objetivos de la pacificación.
El Ministerio Público se ha ocupado de revestir de un manto de suspicacias el horrendo crimen de la joven Paula Santana Escalante al solicitar, siete meses después de ocurrido el hecho, el archivo del expediente contra los dos imputados por supuesta falta de pruebas para sustentar la acusación.
En un proceso cargado de tensiones, en que las encuestas hablan de una suerte de empate técnico entre los dos principales contendientes en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, los dos intentos de asesinato contra el republicano Donald Trump colman de incertidumbre el último tramo de la campaña proselitista.
El incumplimiento con el mandato de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, incluso tras suscribirse un saludable pacto sobre compromiso ético y con la transparencia, ha llevado al mandatario, que simplemente debió aplicar la ley, a amenazar con suspender a los funcionarios que en un plazo de 15 días no hayan presentado ante la Cámara de Cuentas el inventario de su patrimonio. Y a cancelarlos si no lo hacen en un mes.
No basta con el lamento de que en una nación con tantas necesidades y un sistema educativo tan deficitario llora ante la presencia de Dios que se tengan que incinerar útiles escolares cuya adquisición rondó los 100 millones de pesos. Menos todavía cuando según el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, […]
El tránsito es uno de los grandes dolores de cabeza con que diariamente tiene que lidiar la población como resultado, en gran medida, de la anarquía y la ausencia de autoridad. Que la circulación de vehículos haya desbordado la capacidad de las calles y de los espacios no es excusa frente a las frecuentes violaciones de las leyes en que incurren no solo motoristas, sino cualquier conductor.
En la Operación Búfalo NK, como fue bautizada esa acometida, participaron 34 fiscales, miembros de la DNCD, efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Dominicana, con la asistencia también de organismos de inteligencia del Estado, Agencia Antidrogas (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
Se mantienen vigentes los estatutos que regulan horarios de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, supermercados, tiendas de licores y centros de diversión, y que prohíben emisiones de ruidos nocivos que producen contaminación sonora. Esas leyes y resoluciones son de obediencia obligatoria.
El gobierno anunció ayer la fusión de al menos seis ministerios y la unificación, absorción o eliminación de instituciones oficiales con el objetivo de reorganizar el Estado y hacer más eficiente el gasto público, según reveló el ministro de Administración Publica, Sigmund Freud, en el encuentro La Semanal con la Prensa, encabezado por el presidente Luis Abinader.
A horas de concluir el plazo para depositar declaración jurada de bienes, solo 27 legisladores habían cumplido con ese requisito de ley, con lo que se reedita el masivo incumplimiento de un estatuto garantista de la transparencia que deben observar funcionarios públicos.
El equipo del ex presidente no ha podido presentar pruebas sobre el alegato de que inmigrantes haitianos comen mascotas, pero esa falsa denuncia, presentada ante una audiencia de 67 millones de telespectadores, ha creado una crisis de reputación en la comunidad haitiana y de todos los inmigrantes.
La Junta Central Electoral (JCE) ha actuado en consonancia con su rol de organismo autónomo que no se inmiscuye ni trata de influir en las prerrogativas de la Asamblea Nacional Revisora, de modificar la Constitución de la República, por iniciativa del Congreso o a pedido del Poder Ejecutivo.
El gobierno está compelido a acoger la mayoría de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre forma y contenido de la reforma fiscal, no solo porque sería el camino más transparente y menos escabroso, sino también porque sus efectos sobre la población no resultarían tan traumáticos.
